Defensa e impugnación de créditos fiscales determinados por el SAT

Un crédito fiscal determinado es la cantidad que el SAT establece que un contribuyente adeuda, después de una auditoría, una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Incluye la contribución omitida, actualizaciones, recargos y en su caso multas. Que esté determinado no significa que sea inobjetable: puede combatirse por vicios en el procedimiento o en el fondo, siempre que se haga dentro del plazo legal.

El plazo es de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución. Ese mismo plazo aplica tanto para el recurso de revocación ante el SAT, previsto en el Código Fiscal de la Federación, como para el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En algunos casos sí. Si la diligencia de notificación tuvo inconsistencias, puede combatirse la propia notificación y hacerse valer que el contribuyente conoció la resolución en una fecha distinta a la que consta en el expediente. De prosperar ese argumento, el medio de defensa se tiene por presentado en tiempo. No aplica a todos los asuntos y requiere revisar el expediente, pero un plazo vencido no siempre significa que se acabaron las opciones.

Si vence el plazo sin que se interponga un medio de defensa, la ley entiende que el contribuyente consintió la resolución en todos sus términos y el crédito fiscal queda firme. A partir de ese momento ya no se discute si la determinación era correcta, sino únicamente el procedimiento de cobro. Por eso la fecha de notificación es el primer dato que revisa un abogado fiscalista al recibir un asunto.

No. Impugnar un acto del procedimiento administrativo de ejecución, como un embargo, ataca la forma en que la autoridad está cobrando, pero no necesariamente el crédito fiscal que originó ese cobro. Es posible obtener una resolución favorable sobre el embargo y seguir debiendo la misma cantidad. Son dos discusiones distintas y conviene definir cuál corresponde antes de presentar cualquier escrito.

El cobro puede seguir su curso si no se atiende lo relativo a la garantía del interés fiscal y a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. En el recurso de revocación es posible suspender ese procedimiento sin garantizar durante un plazo de hasta seis meses; en el juicio de nulidad se requiere garantizar el interés fiscal para obtener la suspensión.

Los asuntos de litigio fiscal en México se resuelven en años, no en meses. Es una característica de la materia y de la carga de los tribunales, no de un despacho en particular. Un despacho serio lo dice desde la primera conversación: cualquiera que ofrezca resolver un crédito fiscal en semanas está describiendo algo distinto a un litigio.

Ninguno es mejor en abstracto: se elige según el caso, la estrategia de defensa y las posibilidades del contribuyente. Dos diferencias suelen definir la decisión. La primera es la garantía: en el recurso de revocación puede suspenderse el procedimiento de cobro sin garantizar el interés fiscal durante un plazo de hasta seis meses, mientras que en el juicio de nulidad la garantía es necesaria para suspenderlo. La segunda es quién resuelve: el recurso lo resuelve la propia autoridad fiscal, y el juicio de nulidad lo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un tercero ajeno a las partes.

Los honorarios se determinan por asunto y dependen de la complejidad del caso y del monto de la contingencia en disputa. No hay tarifa fija. En Mancera & Herrera la propuesta se entrega por escrito después de revisar el expediente y antes de que el cliente contrate nada. La asesoría inicial no tiene costo y no genera obligación.