Defensa fiscal ante el SAT

La defensa fiscal es el conjunto de medios legales con los que un contribuyente puede controvertir un acto de la autoridad fiscal que afecta su esfera jurídica: una determinación de crédito, una devolución negada, la cancelación de un sello digital o un procedimiento de cobro. Se ejerce dentro de plazos específicos que corren desde la notificación del acto, y su objetivo es que se revise la legalidad de lo que la autoridad resolvió.

Los principales son tres: el recurso de revocación, que se interpone ante la propia autoridad fiscal; el juicio de nulidad o contencioso administrativo, que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el juicio de amparo, que procede en supuestos específicos. Existen además figuras previas a la determinación, como el acuerdo conclusivo ante la PRODECON, que operan mientras la autoridad todavía ejerce sus facultades de comprobación.

Ninguno es mejor en abstracto: se elige según el caso, la estrategia de defensa y las posibilidades del contribuyente. Dos diferencias suelen definir la decisión. La primera es la garantía: con la sola presentación del recurso de revocación el procedimiento de cobro se suspende sin necesidad de garantizar el interés fiscal, durante un plazo de hasta seis meses, mientras que en el juicio de nulidad la garantía es necesaria para suspenderlo. La segunda es quién resuelve: el recurso lo resuelve la propia autoridad fiscal, y el juicio de nulidad lo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un tercero ajeno a las partes.

El contador lleva la contabilidad, calcula y presenta las contribuciones y atiende los requerimientos ordinarios de la autoridad. El abogado fiscalista representa al contribuyente cuando hay un conflicto jurídico con el SAT: impugna determinaciones, promueve recursos y juicios, y litiga ante los tribunales. Son funciones complementarias. En la práctica, muchos asuntos de litigio fiscal llegan a un abogado porque el contador del contribuyente lo recomendó

Conviene revisar cuatro cosas: que el despacho litigue fiscal de forma habitual y no solo ocasionalmente; que haya llevado asuntos del mismo tipo de contingencia; que explique con claridad las vías disponibles y sus tiempos reales antes de que se contrate nada; y que no prometa resultados, porque ningún litigio los garantiza. Una primera reunión sirve justamente para evaluar esos cuatro puntos.

Depende del asunto. Una firma generalista puede resolver bien necesidades diversas de una empresa. Para una controversia con el SAT, la ventaja de un despacho dedicado exclusivamente a litigio fiscal es la frecuencia: ve el mismo tipo de determinaciones todas las semanas y reconoce con rapidez los vicios que se repiten. La contrapartida es que no atiende materias distintas a la fiscal.

No hay una regla general, pero sí una proporción: los honorarios de un litigio fiscal deben ser una fracción razonable de la contingencia en disputa. En asuntos de cuantía menor, el costo de litigar puede acercarse demasiado al monto discutido y conviene evaluar otras opciones. Mancera & Herrera atiende asuntos con una contingencia a partir de un millón de pesos.

Sí. El litigio fiscal federal se ventila ante el SAT y ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene salas en distintas partes del país, y no hay impedimento para que un despacho de una plaza represente a contribuyentes de otra. Mancera & Herrera atiende asuntos de todo el territorio nacional.